“Reconocemos la atinada decisión de Armando Martínez al
denunciar los hechos que derivaron en la demanda de juicio político contra los
ex funcionarios del ayuntamiento y que desgraciadamente no pudo prosperar en el
Congreso del Estado, debido a que la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, resulta ya obsoleta y dificulta se configure el Juicio Político”,
señaló del presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur,
Rigoberto Mares Aguilar.
Estela Ponce y los ex funcionarios de su administración
deberán responder por los hechos que se le acusa, ante las instancias
competentes, además de las denuncias presentadas ante la PGR y que fueron
turnadas a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos por desvío de recursos, señaló el líder estatal, apuntando
que exigen “a la Procuraduría General de la República, dé respuesta pronta a
esta demanda presentada contra la ex alcaldesa; no quisiéramos pensar que la
ley se aplica de manera discrecional, o que el PRI-Gobierno protege a través de
esta dependencia a sus militantes que cometen actos de corrupción.”
Por lo que respecta a la determinación de Armando Martínez y
su equipo de solicitar el juicio político contra los ex servidores públicos
municipales, el dirigente estatal señaló que “fue una decisión valiente, ya que
lo peor que podría haber hecho era quedarse de brazos cruzados; la
administración panista de La Paz está demostrando que está dispuesta a llegar
hasta las últimas consecuencias.”
Además, el líder albiazul resaltó que “derivado del análisis
realizado de la denuncia de juicio político, los diputados deberán trabajar en
la actualización de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con
la finalidad de que responda a la realidades de la sociedad actual y permita
que quien comete algún ilícito estando en el gobierno pueda ser llevado ante la
justicia y repare el daño”, finalizó.
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