Todo parece indicar que los
excesos, abusos, libertinaje y corrupción en los que han caído algunos
diputados locales, quedará en el olvido. Han transcurrido varios meses (desde
septiembre y después noviembre pasados) con el sonado caso del conflicto de intereses
de un diputado con su cuñada como proveedora única del Congreso, como del
también caso del “extravío” de 337 mil pesos, no se sabe absolutamente nada,
respecto a la acción de las autoridades responsables de combatir la corrupción,
como lo es la Contraloría y la auditoría superior del mismo poder legislativo,
que hayan investigado estos negros asuntos que empañan la honorabilidad -si es
que le queda algo de esa “H”, a esa representación popular.
Esa bandera de combate a la
corrupción, de no mentir y de no traicionar con la que llegaron ufanos, ha
quedado simplemente en el papel, porque en la realidad, ha sido todo lo
contrario. No de balde el dirigente estatal de Morena, Alberto Rentería Santana,
en esa encuesta que dio a conocer en días pasados en la que solo dio informes
sobre la percepción que se tiene del gobierno federal como de las tres
alcaldías La Paz, Los Cabos y Comondú, y en donde no hizo público el resultado
de los diputados locales de dicho partido -aunque si tiene los números que por
cierto, no les son favorables-, porque los ponen en evidencia, ya que son los
responsables de manera directa, de esa mala percepción ciudadana, porque no han
cumplido con los principios dictados por el Presidente López Obrador.
Haciendo un somero análisis de la
actividad como de la actitud de los diputados locales, en el caso específico
del bloque de Morena, han caído en los excesos, sobre todo, en lo que
corresponde al nulo compromiso de combatir la corrupción en casa, si, en el
mismo Congreso del estado, donde dos casos han inundado las páginas de los
medios de comunicación, sobre señalamientos con pruebas, respecto al conflicto
de interés que desde el inicio de esta administración legislativa, mantuvo la cuñada
del diputado Esteban Ojeda Ramírez, que con documentos en nuestro poder, dados
a conocer en su momento, denunciamos este por demás penoso asunto para que las
autoridades responsables aplicaran la justicia por parte de la Contraloría como
de la auditoria superior del estado -los cuales dependen del Congreso-, para
castigar al responsable.
Sin embargo, en lugar de llevar
el caso a ambas instancias dedicadas, se supone, a combatir la corrupción,
salieron con su domingo 7, de que “no había conflicto de interés” y en su caso,
afirmaron, que “investigarían el por qué salieron a la luz esos documentos que
se consideran privados”, es decir, ¿van a castigar a la instancia de
transparencia que a solicitud entregó la documentación, en lugar de castigar al
responsable de ese delito de conflicto de interés?
Navegan con una bandera de
honestidad que no les queda, y veamos el por qué. En el segundo asunto, “el
extravió” de los 337 mil pesos, los primeros que se tendrían que haber pagado
-al encuestador de Morena, Guillermo Sánchez-, al que organizó los foros de
movilidad y que el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, de quien pende una
denuncia ante el Ministerio Público por ese delito, tampoco las dos instancias
han dicho “esta boca es mía”, por el contrario, en ambos casos, ni los ven, ni
los oyen, ni actúan, ni proceden en consecuencia.
Ante las evidencias irrefutables
de estos hechos de corrupción, ningún diputado de Morena ha pugnado por que se
investigue a los responsables, uno, por conflicto de interés, tipificado como
delito; y el otro, por “el extravío de los 337 mil pesos”, que también, es un
delito. Luego entonces, vale la pena preguntar ¿Por eso no quieren legislar,
para desparecer el fuero? Porque con esas actitudes nos dan a entender, los
diputados de Morena, que el combate a la corrupción, solo es de lengua para
afuera.
Pero no solo eso, siguen con una
soberbia sobrada. Es decir, el hecho que sean 9 diputados de Morena, tres del
extinto PES, a los que controlan a su antojo, quieren copar ahora, las responsabilidades
que tiene el gobernador Carlos Mendoza Davis para restarle poder. A decir, los
legisladores morenistas quieren restarle facultades, que le otorga la
Constitución Política del Estado, para la designación de los integrantes de su
gabinete. Ya lo pretenden para la responsable del Instituto de la Mujer, de
quitarle el veto a una mala decisión legislativa e imponer su criterio para la
designación del futuro Fiscal General del Estado, además de que el Boletín
Oficial del Gobierno, ya no sea responsabilidad del Gobierno estatal.
Es decir, están legislando o por
ocurrencias o porque traen línea para acotar, de la manera más burda, el poder
del gobernador para asumirla ello. A veces, se les olvida que llegaron al
congreso de una manera circunstancial y que en verdad, no representan, por lo
que se ve y se analiza, los verdaderos intereses de la mayoría de los
sudcalifornianos que siguen demandando de estos “representantes populares”, la
aprobación de leyes o reglamentos que normen la vida de los ciudadanos, y no
andar creando reglamentos punitivos o tratando de eliminar facultades
constitucionales del Gobernador, solo para complacer caprichos de personajes de
la política que ambicionan el poder para enriquecerse, como bien nos damos
cuenta con esos niveles de corrupción, asuntos que hemos tratado en este
espacio durante varias entregas.
Y también, que lamentable que
muestren sus aspiraciones políticas a temprana hora, cuando estos diputados ni
siquiera recorren su distrito, por el que afirman hicieron campaña, cuando a
través de las redes sociales observamos el rechazo de la población hacia ellos.
O se ponen a legislar sobre lo
que realmente demanda la ciudadanía, como el caso de la Ley de Movilidad que
lleva 8 meses en la congeladora, o se dejan de legislar por ocurrencia y por
línea política. No hay de sopas, solo de una. ¡Pónganse a trabajar!
