• Atenderá controversias entre la
administración pública con particulares
Con la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa,
Baja California Sur cuenta con órgano completamente autónomo y competente para
dictar resoluciones respecto a controversias que ocurran entre la
administración pública estatal o las municipales con los particulares, señaló
el gobernador Carlos Mendoza Davis luego de conminar a esta institución a ser
vigilante del actuar de los servidores públicos y validar sus actos y cuando
sea necesario, sancionarlos con la severidad que marque la Ley.
Durante el acto protocolario de la instalación de la Salas
Especializadas en materia anticorrupción y responsabilidades administrativas,
Mendoza Davis dijo que a partir de hoy contamos con todos los operadores de
nuestro sistema anticorrupción para responder a la demanda ciudadana de
honradez y rendición de cuentas.
En presencia del alcalde Armando Martínez Vega y de los
titulares de los poderes Legislativo, Francisco Javier Arce Arce y Judicial,
Daniel Gallo Roddríguez, magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, Mendoza Davis consideró
este hecho como un logro de la ciudadanía quien se empodera frente a sus
autoridades en la exigencia de una función transparente, correcta y honrada.
“Se trata de una instancia nueva, creada en conjunto entre
Gobierno y sociedad, que tiene como fin la prevención, detección, investigación
y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción”, dijo.
El Tribunal combatirá las acciones de quienes en lugar de
cumplir con la función pública de servir, se valen de sus posiciones para
obtener beneficios y prebendas, puntualizó el Ejecutivo estatal.
Por su parte Angélica Arenal Ceseña, magistrada presidente
del Tribunal de Justicia Administrativa en la entidad, destacó la transformación
de la justicia Administrativa en Baja California Sur, que va más allá de la
creación de la estructura orgánica, pues se instituye una nueva época en la
impartición de la justicia ya que el Tribunal tendrá competencia para imponer
sanciones a los servidores públicos del Estado y municipios vinculados con
responsabilidades administrativas graves, fincar el pago de indemnizaciones y
sanciones pecuniarias por daños causados al erario público, así como la
posibilidad de imponer sanciones a particulares vinculados a responsabilidades
administrativas graves.
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