• El objetivo es ser
más eficientes y ofrecer mejores resultados a todos los sudcalifornianos
El gobernador Carlos Mendoza Davis designó a Daniel de la
Rosa Anaya como procurador General de Justicia del Estado, a Armando Nava
Sánchez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a Gustavo
Hernández Vela Kakogui como secretario del Trabajo y Desarrollo Social.
Los nombramientos se dan luego de la aprobación del Congreso
Local a las reformas de la estructura de la administración pública estatal, así
como a la ratificación del nombramiento del procurador.
El Jefe del Ejecutivo Carlos Mendoza Davis expresó que los
nombramientos en materia de Procuración justicia y seguridad pública se dan
atendiendo las circunstancias que vive la entidad en la materia.
Tanto el nuevo procurador como el nuevo secretario de
Seguridad Pública, dijo, tienen la encomienda de atender y resolver las
necesidades más apremiantes en la materia, así como de realizar un trabajo
cercano a la población.
“Mi gobierno no escatimará esfuerzos en seguir avanzando para
garantizar la seguridad e impulsar un mayor bienestar de las familias y para
ello es necesario mejorar cada día, ser más eficientes y brindar mejores resultados,
respondiendo así a la confianza de los sudcalifornianos”, añadió el mandatario
estatal.
“Los sudcalifornianos vivimos tiempos difíciles, libramos una
dura batalla contra la delincuencia organizada, vamos a seguir trabajando
hombro a hombro con todas las instituciones de seguridad para que en Baja
California Sur se respete la ley y que la paz regrese en nuestra entidad, estas
modificaciones permitirán cumplir con ese objetivo, así como el de mejorar el
bienestar de las personas y su trabajo para superar la pobreza y elevar las
condiciones de vida de las familias sudcalifornianas”, comentó el Gobernador.
Finalmente, el Jefe del Ejecutivo Estatal agradeció a José
Luis Perpuly Drew su colaboración como secretario de Desarrollo Social, quien
logró impulsar y fortalecer las políticas públicas en materia de desarrollo
social, colocando a la dependencia a nivel nacional entre las primeras tres en
la implementación de programas y mecanismos eficientes, robustos y
transparentes y ubicar a Baja California Sur como la segunda entidad con menor
número de población en pobreza.
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