+ Surgió para oponerse
a la instalación de una mina a cielo abierto en la Sierra de La Laguna
+ Pacto de Todos Santos
instrumento de la Sociedad Civil para defender los derechos ciudadanos

Señaló el Diputado Blanco Hernández que el Pacto de Todos
Santos los ciudadanos sudcalifornianos “lo tenemos que renovar cada año como
integrantes de la comunidad sudcaliforniana”, considerando que muchas son las
tareas que como ciudadanos “tenemos pendientes en la defensa de los derechos de
las mujeres y los hombres de Baja California Sur que aspiramos a una mejor
calidad de vida”. Sostuvo que la enseñanza que deja el movimiento ciudadano de
hace tres años es que cuando la sociedad se lo propone “no existe nada que la
pueda frenar; el Pacto de Todos Santos debe de estar presente en la memoria
colectiva de todos nosotros como un referente histórico muy importante en
nuestra sociedad. A final de cuentas quienes formamos el Pacto de Todos Santos
escribimos en el año de 2014 una página importante en nuestra historia
regional”.
Manifestó que a raíz del impacto de “Lidia” en la entidad, sobre todo en Los
Cabos, han salido los desaseos del ex
grupo empresarial Homex y de malos servidores públicos de administraciones
anteriores del Ayuntamiento de Los Cabos que en su momento en el Cabildo votaron a favor del cambio de uso de suelo
para edificar viviendas para trabajadores en zonas de alto riesgo, sabiendo muy
bien lo que hacían; que con la realidad que nos presentó “Lidia” con lluvias
como nunca en la historia de nuestro estado, vemos una catástrofe en la región
cabeña, al perder cientos de familias su patrimonio por la complicidad entre
empresarios y autoridades de gobierno ante una importante necesidad de las
familias de tener una vivienda y un patrimonio familiar.
Alejandro Blanco indicó que hoy la sociedad repudia a Homex,
repudia a los integrantes del Cabildo del Décimo Ayuntamiento de Los Cabos que
en el año 2009 votaron a favor de cambiar el uso de suelo, precisando que
solamente el repudio social no es suficiente, “reconozco en esta tribuna del
Congreso del Estado la voluntad política del Gobierno del Estado de ir legalmente
en busca de los responsables de esta infamia y que se aplique todo el peso de
la Ley, esa es la exigencia de la sociedad sudcaliforniana, esa es la exigencia
del Poder Legislativo de Baja California Sur”.
Puntualizó que a ocho años de distancia de una mala decisión
de la autoridad en contubernio con empresarios de la construcción “pudimos ser
testigos de los perjuicios que se presentan cuando se actúa de mala fe y se
toman decisiones tal vez dolosas en este caso entre la constructora y una parte
del Cabildo del Décimo Ayuntamiento de Los Cabos”.
Alejandro Blanco recordó que la movilización social impidió
que un acto similar fuera realizado por el Cabildo de La Paz hace dos años,
cuando algunos regidores votaron a favor del cambio de uso de suelo para buscar
dar paso a la instalación de la minería tóxica en la Sierra de La Laguna,
preguntándose ¿un escenario similar al de Los Cabos hubiéramos podido vivir con la mina a cielo
abierto en la Sierra de la Laguna de
haberse otorgado el cambio de uso de suelo?, respondiéndose: “es muy probable
que sí, pero afortunadamente la movilización social impidió la instalación de
la minera tóxica en nuestro estado”.
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