Con la finalidad de fortalecer los derechos de las personas
adultas mayores en la entidad, la Diputada Norma Alicia Peña Rodríguez presentó
iniciativa para reformar diversos artículos
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado
en el sentido de que los sectores social, público y privado garanticen una
mejor atención a las mujeres y hombres mayores de 60 años y con ello ofrecerles
una mejor calidad de vida.
El objetivo de la iniciativa establece que se busca
implementar un un programa estatal intersectorial preferente en el que a través
de acciones generadas, observadas, aplicadas y supervisadas por los distintos
sectores que conforman la sociedad “permitan hacer realidad beneficios
tangibles y atención preferente en la prestación de servicios a un sector
importante de la población que hoy por hoy, “por su propia naturaleza es
contemplado como un grupo vulnerable”.
Precisa la representante del Primer Distrito Electoral en la
XIV Legislatura que se busca con estas reformas ir construyendo una cultura de
la inclusión en la sociedad sudcaliforniana que respalde a las personas adultas
mayores, pero sobre todo a aquellas que se encuentran en grado de
vulnerabilidad social. Precisa que una de las formas para favorecer mejores
condiciones de vida de estas personas “desde la perspectiva de propiciar en los
centros de atención a clientes de diversos servicios federales, estatales y
municipales, centros comerciales de autoservicio, bancos, centros de
entretenimiento, transporte y en general cualquier establecimiento público o
privado que sean habilitados puestos en operación y supervisados
permanentemente el cumplimiento de las disposiciones legales que permitan
ofrecer y recibir atención preferente”.
Las instituciones estatales que tendrán injerencia en la
aplicación de esta Ley son el Sistema DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo
Social, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría General de
Gobierno, instancias que tendrán bajo su responsabilidad el dar seguimiento a
las políticas públicas que se implementen a favor de este sector de la
población, así como un registro puntual de la situación y condición de las
personas mayores de 60 años en el estado.
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