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El
paquete económico aprobado para el 2020, continuará vigente en el 2021
Informo a la sociedad
sobre mi decisión de vetar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos que
pretende imponer el congreso estatal en contra de los intereses de las y los
Sudcalifornianos.
Esta decisión, sin antecedente en el Estado, implica que las leyes aprobadas para este año, el 2020, continuarán vigentes. Nuestra Constitución estatal, en su artículo 64, fracción XXXI, párrafos segundo y tercero señala que cuando por cualquier circunstancia no llegare a aprobarse la Ley de Ingresos y/o Presupuesto de Egresos del Estado, se aplicarán los que se hayan aprobado y publicado con la fecha mas reciente en el Boletín del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
Vetaremos también las
reformas aprobadas a la Ley de Coordinación Fiscal.
El veto responde a una
convicción: las decisiones de política pública deben responder a una necesidad
social, nunca a un interés electoral.
Lo aprobado por el
congreso estatal impide continuar con la atención de salud para las familias,
borra la posibilidad de apoyar a la economía familiar y pone en riesgo la
seguridad pública que tanto nos ha costado recuperar.
No lo vamos a
permitir. Vamos a enfrentar a la
tentación con responsabilidad, congruencia y la fuerza de la ley.
El Congreso ha pasado por alto el derecho de las y los
sudcalifornianos a recibir servicios de calidad por parte de su gobierno
estatal. Sin cumplir con lo que la ley dispone; sin ningún tipo de estudio y
análisis en materia de planeación, programación, presupuestación y evaluación;
en un claro acto de intromisión en la esfera de competencia del Ejecutivo y,
con absoluta irresponsabilidad, abandona a la gente y a sus necesidades al
reducir en 60% el capítulo 3000 del presupuesto relativo a los servicios
generales de las dependencias del Poder Ejecutivo.
Dicha reducción
irracional, que se realizó sin el más mínimo esfuerzo de análisis, estudio o
investigación, impacta directamente a conceptos indispensables para la atención
de la población mediante el funcionamiento adecuado de las dependencias de la
administración estatal.
Ejemplo de lo anterior
lo constituye el pago del seguro catastrófico que ante la cancelación del
FONDEN se convierte en la única previsión que se tiene ante la llegada de algún
fenómeno metereológico que nos impacte y cause daños. Se afecta de igual manera
el pago de servicio de energía eléctrica, de agua potable, servicio telefónico
e internet, arrendamientos, capacitaciones, gastos de transporte de atletas de
alto rendimiento y entrenadores.
Aunado a estas
afectaciones, se pretende asignar un 2% adicional a las participaciones que se
asignaron a los municipios en el en el presupuesto de 2020, sin considerar que
Baja California Sur es actualmente la entidad que mayor porcentaje de
participaciones federales entrega a sus municipios a nivel nacional.
En suma, la pretensión de los diputados implica
disminuir a la administración pública estatal aproximadamente 400 millones de
pesos que limitarían, entre otros, la prestación de servicios en materia de salud, mantenimiento de la
seguridad pública y el sostenimiento de la educación en nuestra entidad.
El legislativo ha
olvidado que debe responder a los reclamos sociales y no a los mandatos
partidistas. Llama la atención que la reducción presupuestal no alcance de
manera alguna al presupuesto del propio Poder Legislativo. Reza el refrán, “Hágase
la ley en los bueyes de mi compadre”.
En Baja California Sur
no vamos a abandonar a las familias. Vamos a defender su salud, la economía de
los hogares, su seguridad. Eso no es posible con las leyes y presupuesto que
pretenden el Congreso imponer y que olvida el luto, la enfermedad y la angustia
económica de la gente.
Tenemos la razón legal
y la tranquilidad moral para frenar el abuso, impedir el fanatismo y defender
el Interés público que siempre prevalecerá sobre el interés electoral.
El poder ejecutivo
estatal no actúa por interés partidario ni se aleja de la gente.
La Ley de Ingresos, el
Presupuesto de Egresos y la Ley de Coordinación Fiscal aprobados por el
Congreso responden, tristemente, a una lógica facciosa y mezquina. Más aún
cuando fueron modificados de manera irresponsable y sin realizar el análisis
riguroso sobre el impacto económico que la normatividad exige para mantener
finanzas públicas que permitan atender las necesidades mas apremiantes de la
población.
El Gobierno del Estado
requiere de recursos suficientes para brindar los servicios que por ley está
obligado a prestar a la gente.
No permitiremos que
esta arbitraria decisión del legislativo afecte la vida y la salud de las y los
sudcalifornianos, con lo cual se podría generar una crisis humanitaria.
No aceptamos que mas
personas enfermen. Tenemos que actuar de la mejor manera posible, con todos los
recursos disponibles frente al reto sin precedentes que enfrentamos.
No admitimos que los
negocios quiebren y las familias sufran.
No permitiremos que la
gente se quede sin empleo y sin ingreso.
No vamos a permitir
que se destruya nuestra tranquilidad.
Por eso el veto.
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