Por Alejandro Barañano
A más de medio año de que estallara el conflicto existente en el Congreso del Estado, generado este por una deficiente
interpretación de la normatividad
que rige la vida interna del Poder Legislativo, las partes en conflicto están
inmersas en un laberinto de suspensiones judiciales, denuncias, acusaciones,
agresiones y reyertas, cuando en realidad deberían estar atendiendo a las
labores de su encargo legislativo.
Tanto las redes sociales como medi
os de comunicación son el escenario
cotidiano donde se dan señalamientos y acusaciones recíprocas, demostrando con
ello que muchos de los diputados locales –en especial los del bloque “golpista”- que no tienen capacidad de
gestión, ni perfil político ni vocación de servicio, pues todo indica que sólo atienden a mezquinos intereses
personales.
Uno de los grupos en pugna, el
mayoritario conformado por los supuestos morenos y la legisladora emanada del
Partido del Trabajo, han dejado en
claro -ante los ojos de propios y
extraños- que requieren asesoría
legal adecuada de manera urgente pues se empeñan en seguir en el plano de la
ilegalidad.
Y es que a estas alturas del juego esos trece diputados “golpistas” ya deberían de entender que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación no
resuelve conflictos caseros, o no al menos, con celeridad. Bien puede pasar otro
medio año más y no habrá poder humano que obligue a los Magistrados a dirimir
la contienda, por lo que el pleito y
berrinches de los “golpistas” podrá seguir en el limbo indefinidamente.
Lo que deberían de hacer, y me refiero al grupo mayoritario en el
Congreso del Estado, - o sea los
diputados “golpistas”- es zanjar las
diferencias con el grupo minoritario y desistirse de las demandas planteadas ante
la justicia federal, pues repito, ante los ojos de propios y extraños
demuestran que solo quieren seguir en el plano de la ilegalidad.
El pasado jueves, a eso de las 20:00 horas, en rueda los diputados José Luis Perpuli Drew y Rigoberto Murillo
Aguilar, y las diputadas Elizabeth Rocha Torres, Daniela Rubio Avilés, Lorenia
Lineth Montaño Ruiz, Perla Guadalupe Flores Leyva, Anita Beltrán Peralta y
Maricela Pineda García, dieron
cuenta del amparo 492/2020 que interpusieron ante el referido juicio político a
la que fueron sometidos por parte de los “golpistas”.
Quien dio lectura a la resolución fue la diputada Daniela Rubio Avilés,
revelando que en un término de 24 horas, contadas estas a partir de la
resolución recibida, deberían de ser restituidos en sus funciones. En otras
palabras, retrotraer el juicio político 02/2020 ejercido en perjuicio de ellos.
Sin embargo la denominada Comisión
Instructora de Juicio Político y los
miembros de la Comisión de Puntos
Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, dijeron que habían dado cumplimiento al requerimiento del Juzgado de Distrito
para que se “realicen las gestiones
necesarias para que sea revocada la resolución emitida de juicio político
2/2020”, y que se dejaría con ello
suspendido el procedimiento hasta antes de la emisión de la sentencia en
cumplimiento de la suspensión provisional.
Para esto entregaron un oficio dirigido a la Juez Segundo de Distrito,
y con el documento anexo también el oficio dirigido a la Mesa Directiva,
asegurando que iniciarían los procedimientos conducentes; pero en realidad el
diputado Carlos Van Wormer Ruiz, -presidente
de la Comisión Instructora- y la diputada
Petra Juárez Maceda -de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia- otra vez mal asesorados incumplieron de
nueva cuenta con lo solicitado por la autoridad judicial federal, y en otro más
de los muchos berrinche que han mostrado hasta ahora, anunciaron que sería
hasta mañana martes cuando ante el Pleno actuarían en consecuencia.
Lo curioso de todo esto es que con tal actitud incurriendo en un claro
desacato, pues hicieron caso omiso al ordenamiento del Juez Federal y por ende,
incurrieron en total rebeldía, por lo que fueron denunciados en tiempo ante la Fiscalía General de la República.
Lo anterior podría ser histórico, ya que al violentar –como lo hicieron el bloque de diputados
“golpistas”- el Artículo 262 de la
Ley de Amparo los podría llevar a cárcel, además de quedar inhabilitados y
retirados de sus funciones sin Juicio Político previo. ¡Quihubole!
Ojalá entiendan esos diputados de Morena y la legisladora del Partido
del Trabajo que sólo se necesita voluntad política, madurez, sensatez,
capacidad de diálogo y asesoría legal adecuada para acabar con esto, pues
existen muchas ofertas de mediación o en su caso el costo será irreparable; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
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