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Las
y los sudcalifornianos demandan anteponer las diferencias políticas a las
necesidades de la población, señala.
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Conformación del Congreso pone en
peligro legalidad de obras necesarias
como desaladora de Los Cabos
El gobernador Carlos Mendoza Davis
anunció que ampliará la demanda de controversia constitucional ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, luego de la destitución de 5 diputados
locales de oposición y la amonestación
de 3 más por parte del grupo mayoritario
de legisladores de Morena y PT.
Mendoza Davis expresó que tras un
análisis exhaustivo de las implicaciones jurídicas que el hecho tendrá, no sólo
para el Estado de Derecho, el funcionamiento del Congreso, y para la vida de
los ciudadanos, recurrirá a la Corte para que valore y se pronuncie nuevamente
sobre la legalidad de los hechos suscitados.
El jefe del ejecutivo estatal lamentó que
lo sucedido en el Congreso retrasará aún
más acciones importantes para los ciudadanos como la construcción de la tan
necesitada planta desaladora de Los Cabos.
“Para lograr la materialización de ese y
otros proyectos, el Congreso debe autorizar al Gobierno del Estado y al
Ayuntamiento de Los Cabos comprometan como garantía para su financiamiento sus
participaciones de ley. Si posteriormente, como ya sucedió, la autoridad
judicial determina que la integración del Congreso es ilegal al no participar
las 21 diputadas y diputados electos por medio del voto ciudadano, dicha
autorización y cualquier otra serán determinadas ilegales”, advirtió.
De no resolverse el problema, dijo, ese
importante proyecto quedará suspendido, “como muchos mas que pudieron haberse
materializado si cada quien hiciera su trabajo y cumpliera a cabalidad con la
ley”.
Señaló que es preocupante que una mayoría
insensata e irracional atropelle el estado de derecho y la legalidad, escudados
en una falaz interpretación del principio de mayoría legislativa, “que, a su decir, les permite todo, incluso violar la ley”.
Mendoza Davis recordó que ante la
duplicidad de mesas directivas del Congreso del Estado, la Suprema Corte de Justicia mandató -en mayo
pasado -que se reestableciera la conformación
integral del congreso conforme a lo determinado por los votos en el proceso
electoral celebrado en junio del 2018, y
que ese poder quedara bajos los efectos legales de la última sesión legislativa
que presidió la diputada Daniela Rubio.
“Lamentablemente lo instruido por la
Corte no fue atendido por el Congreso y, por tanto, afecta de nulidad, por
ilegales, los actos que ha realizado, desde entonces, y realiza hasta ahora, la
mayoría artificial”, agregó.
El mandatario estatal dijo que la sesión
legislativa realizada el sábado pasado fue convocada bajo los preceptos de la
Ley Orgánica del Congreso, misma que no ha entrado en vigor, porque fue
expresamente suspendida por la Corte.
“Por si esto no fuera suficiente, el
grupo de los ocho diputados que fueron ilegalmente sometidos a juicio político,
goza de los beneficios de una suspensión concedida por la juez segundo de
distrito en Baja California Sur que expresamente concedió la suspensión a los
demandantes e instruye al Congreso se abstenerse de dictar resolución
definitiva dentro del juicio político referido”, agregó.
Refirió que estos hechos constituyen un
antecedente que atenta contra la democracia y el Estado de derecho.
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