BALCONEANDO
Por Alejandro Barañano
Tal parece que un nuevo show
mediático está por iniciarse para
beneplácito de algunos, y en especial para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
Hablamos del caso del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que no es otra cosa que un delfín del clan
salinista. ¿Por qué? Bueno porque su
padre -Emilio Lozoya Thalmann- fue el secretario de Energía, Minas e
Industria Paraestatal durante los dos últimos años del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Para quien ya no lo recuerde, vale la pena decir que antes, Lozoya padre fue director del ISSSTE en los
primeros cuatro años del gobierno salinista, y que además fue su amigo y compañero de banca en la Facultad de Economía de la UNAM y luego coincidieron en la Universidad de Harvard cuando realizaban ambos sus estudios de
posgrado.
En contraparte Lozoya hijo
llegó a la Dirección de Pemex el 4 de diciembre de 2012, recién iniciado el régimen de Enrique Peña Nieto, esto cuando apenas tenía 38 años de edad y sin tener ninguna
experiencia laboral en el sector público. Eso sí, curiosamente fue colaborador en la campaña presidencial de Peña
Nieto y de ahí vino el premio recibido.
Se dice que contaba con una carrera académica brillante que incluía
licenciaturas en Economía y Derecho en México, además de una maestría en la
escuela “John F. Kennedy de Harvard”. Pero a todas luces su nombramiento se
coció en las altas esferas del salinismo, grupo político que entonces dominaba
totalmente al Partido Revolucionario
Institucional.
Su administración en Petróleos Mexicanos estuvo plagada de escándalos y
de escasos logros, especialmente por
las acusaciones de sobornos de las empresas
internacionales Odebrecht y OHL,
esto cuando tres ejecutivos de la primera compañía de origen brasileño acusaron
a Emilio Lozoya Austin de haber recibido diez millones de dólares
a cambio de asignarles varios contratos a dicha empresa; esto quedó asentado en
declaraciones emitidas ante el Poder Judicial de Brasil.
Aunque las pruebas no estaban en poder del gobierno mexicano, fue por
demás evidente la apatía y desdén tanto de la Procuraduría General de la República como de la Secretaría de la
Función Pública por investigar los
hechos.
Fue tan abrumadora la presión de la opinión pública en México y en el
ámbito internacional que Emilio
Lozoya Austin fue obligado a renunciar en febrero de 2016 para desaparecer durante varios años,
hasta su detención el 12 de febrero pasado en la provincia de Málaga, España,
donde vivía oculto en un exclusivo conjunto de condominios.
El seguimiento en contra del ex funcionario por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador arrancó en mayo del año pasado, esto
cuando la Secretaría de la Función
Pública lo inhabilitó durante una
década para ocupar un puesto público al determinar que en su declaración
patrimonial ocultó una cuenta bancaria con varios cientos de miles de pesos.
De ahí se derivó que la Fiscalía
General de la República girara una
orden de aprehensión en su contra luego de que la Unidad de Inteligencia
Financiera congelara varias cuentas del ex funcionario. También se levantaron cargos por el presunto
fraude de 280 millones de dólares en la compra de una planta chatarra de
fertilizantes por Pemex, durante la gestión de Lozoya hijo.
Curiosamente en septiembre del año pasado a Emilio Lozoya Austin se le ubicó huyendo a Alemania, hasta que finalmente fue detenido en España
para iniciar su largo proceso de extradición, y así comenzar el juicio que se
supone vendría a convertirse en el primer triunfo notable contra la corrupción
del gobierno morenista.
Tan altas han sido las expectativas que hasta trascendió que Lozoya hijo acordó delatar a personajes del sexenio
pasado a cambio de ser tratado con menor rigor, y desde entonces el show
mediático comenzó.
Ahora veremos si Andrés
Manuel López Obrador y su equipo
tienen la habilidad y las agallas suficientes para ir hasta el final en el Caso Lozoya o terminan negociando con el clan salinista y sus cómplices, o se
monta un espectáculo con meros fines electorales.
Recordemos que ni Vicente Fox
Quesada ni Felipe Calderón Hinojosa pudieron
desmantelar las redes de corrupción que el Revolucionario Institucional
y sus líderes han tejido y disfrutado durante décadas en México.
La pregunta es: ¿Podrá lograrlo en este 2020 el presidente López
Obrador? La verdad no se sabe; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .
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