LA OPINIÓN POPULAR

BALCONEANDO

Por Alejandro Barañano

La justicia y la ley no siempre van de la mano y pocas veces lo hacen, y la prueba está que durante siglos la esclavitud fue legal, así como lo fueron también el racismo, el fascismo, el colonialismo y las dictaduras, porque la legalidad siempre ha sido una cuestión de poder y nunca de justicia.

Un claro ejemplo de ello –actualmente- es la condonación de impuestos recién revelada en la que a los dueños del dinero de este país les perdonaron el pago de miles de millones en impuestos a unos cuentos mientras que los pequeños contribuyentes hemos sido hostigados sin contemplación, ni tregua alguna e incluso amenazados con el embargo para cumplir puntualmente con el pago de los impuestos. La cancelación de impuestos fue legal, pero nada justa.

Y aunque legalmente se pretenda aparentar inocencia y apego a la legalidad, la opinión popular ya los condenó siendo privilegiados y no pagar como todos los demás, porque ante la impotencia que ocasiona la injusticia ante los ojos del pueblo aparece como la única opción de obtener justicia –aunque sea de manera ilusoria- contra los que bajo el amparo de una supuesta legalidad se burlan de la justicia.

Por eso la opinión popular ya dictó sentencia condenatoria en contra de Enrique Peña Nieto y de la Gaviota por sus despilfarros y frivolidades al exhibir sus riquezas de dudosa procedencia. Pero también por más que se empeñen en defender a Manuel Bartlett Díaz, la opinión popular lo condenó desde que tumbó el sistema para cometer el fraude electoral en el año de 1988, además de su sospechosa impunidad en el asesinato de Manuel Buendía, el caso Enrique Camarena y ahora con su fortuna y millonarias propiedades no declaradas.

Condenados también por la opinión popular son las distintas policías, sospechosas de ser parte del crimen organizado, que abusan y extorsionan a quien sea, principalmente a la gente humilde y, aunque cambien de nombre las corporaciones para quien emite la opinión popular siguen siendo los mismo prepotentes y corruptos de quienes solo hablan bien de ellos los funcionarios gubernamentales en turno.

El Poder Judicial también goza la condena de la opinión popular por su generosidad de repartir amparos a quienes delinquen, así como su terca costumbre de fabricar culpables. Y ni qué decir de esos agentes del Ministerio Público que integran los expedientes plagados de fallas y omisiones para retorcer la justicia mediante la legalidad y por aplicar la ley acorde a los dadivosos intereses del mejor postor.

La lista de los funcionarios públicos condenados por la opinión popular es larga, desde los burócratas perezosos que todo complican, hasta los inspectores de lo que sea y que solo funcionan a base de sobornos.

Y ni qué decir de los alcaldes y ex alcaldes que el veredicto popular invariablemente los condena por aprovecharse del cargo para amasar grandes fortunas.

Podrá tener razón o no l opinión popular condenatoria porque no es infalible, y aunque caiga en ocasiones en el linchamiento social, a final de cuentas es la que prevalece con arraigo en el sentir de la sociedad y difícilmente podrá cambiar de opinión conforme transcurra el tiempo; así que ante la injusticia y la impunidad que padecemos solo nos queda ese consuelo: LA OPINIÓN POPULAR; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .