¡Impunidad en el Congreso de BCS!

Todo parece indicar que los excesos, abusos, libertinaje y corrupción en los que han caído algunos diputados locales, quedará en el olvido. Han transcurrido varios meses (desde septiembre y después noviembre pasados) con el sonado caso del conflicto de intereses de un diputado con su cuñada como proveedora única del Congreso, como del también caso del “extravío” de 337 mil pesos, no se sabe absolutamente nada, respecto a la acción de las autoridades responsables de combatir la corrupción, como lo es la Contraloría y la auditoría superior del mismo poder legislativo, que hayan investigado estos negros asuntos que empañan la honorabilidad -si es que le queda algo de esa “H”, a esa representación popular.

Esa bandera de combate a la corrupción, de no mentir y de no traicionar con la que llegaron ufanos, ha quedado simplemente en el papel, porque en la realidad, ha sido todo lo contrario. No de balde el dirigente estatal de Morena, Alberto Rentería Santana, en esa encuesta que dio a conocer en días pasados en la que solo dio informes sobre la percepción que se tiene del gobierno federal como de las tres alcaldías La Paz, Los Cabos y Comondú, y en donde no hizo público el resultado de los diputados locales de dicho partido -aunque si tiene los números que por cierto, no les son favorables-, porque los ponen en evidencia, ya que son los responsables de manera directa, de esa mala percepción ciudadana, porque no han cumplido con los principios dictados por el Presidente López Obrador.

Haciendo un somero análisis de la actividad como de la actitud de los diputados locales, en el caso específico del bloque de Morena, han caído en los excesos, sobre todo, en lo que corresponde al nulo compromiso de combatir la corrupción en casa, si, en el mismo Congreso del estado, donde dos casos han inundado las páginas de los medios de comunicación, sobre señalamientos con pruebas, respecto al conflicto de interés que desde el inicio de esta administración legislativa, mantuvo la cuñada del diputado Esteban Ojeda Ramírez, que con documentos en nuestro poder, dados a conocer en su momento, denunciamos este por demás penoso asunto para que las autoridades responsables aplicaran la justicia por parte de la Contraloría como de la auditoria superior del estado -los cuales dependen del Congreso-, para castigar al responsable.

Sin embargo, en lugar de llevar el caso a ambas instancias dedicadas, se supone, a combatir la corrupción, salieron con su domingo 7, de que “no había conflicto de interés” y en su caso, afirmaron, que “investigarían el por qué salieron a la luz esos documentos que se consideran privados”, es decir, ¿van a castigar a la instancia de transparencia que a solicitud entregó la documentación, en lugar de castigar al responsable de ese delito de conflicto de interés?

Navegan con una bandera de honestidad que no les queda, y veamos el por qué. En el segundo asunto, “el extravió” de los 337 mil pesos, los primeros que se tendrían que haber pagado -al encuestador de Morena, Guillermo Sánchez-, al que organizó los foros de movilidad y que el diputado Rigoberto Murillo Aguilar, de quien pende una denuncia ante el Ministerio Público por ese delito, tampoco las dos instancias han dicho “esta boca es mía”, por el contrario, en ambos casos, ni los ven, ni los oyen, ni actúan, ni proceden en consecuencia.

Ante las evidencias irrefutables de estos hechos de corrupción, ningún diputado de Morena ha pugnado por que se investigue a los responsables, uno, por conflicto de interés, tipificado como delito; y el otro, por “el extravío de los 337 mil pesos”, que también, es un delito. Luego entonces, vale la pena preguntar ¿Por eso no quieren legislar, para desparecer el fuero? Porque con esas actitudes nos dan a entender, los diputados de Morena, que el combate a la corrupción, solo es de lengua para afuera.

Pero no solo eso, siguen con una soberbia sobrada. Es decir, el hecho que sean 9 diputados de Morena, tres del extinto PES, a los que controlan a su antojo, quieren copar ahora, las responsabilidades que tiene el gobernador Carlos Mendoza Davis para restarle poder. A decir, los legisladores morenistas quieren restarle facultades, que le otorga la Constitución Política del Estado, para la designación de los integrantes de su gabinete. Ya lo pretenden para la responsable del Instituto de la Mujer, de quitarle el veto a una mala decisión legislativa e imponer su criterio para la designación del futuro Fiscal General del Estado, además de que el Boletín Oficial del Gobierno, ya no sea responsabilidad del Gobierno estatal.

Es decir, están legislando o por ocurrencias o porque traen línea para acotar, de la manera más burda, el poder del gobernador para asumirla ello. A veces, se les olvida que llegaron al congreso de una manera circunstancial y que en verdad, no representan, por lo que se ve y se analiza, los verdaderos intereses de la mayoría de los sudcalifornianos que siguen demandando de estos “representantes populares”, la aprobación de leyes o reglamentos que normen la vida de los ciudadanos, y no andar creando reglamentos punitivos o tratando de eliminar facultades constitucionales del Gobernador, solo para complacer caprichos de personajes de la política que ambicionan el poder para enriquecerse, como bien nos damos cuenta con esos niveles de corrupción, asuntos que hemos tratado en este espacio durante varias entregas.

Y también, que lamentable que muestren sus aspiraciones políticas a temprana hora, cuando estos diputados ni siquiera recorren su distrito, por el que afirman hicieron campaña, cuando a través de las redes sociales observamos el rechazo de la población hacia ellos.

O se ponen a legislar sobre lo que realmente demanda la ciudadanía, como el caso de la Ley de Movilidad que lleva 8 meses en la congeladora, o se dejan de legislar por ocurrencia y por línea política. No hay de sopas, solo de una. ¡Pónganse a trabajar!