+ Esta nueva ley cuenta
con más atribuciones para el combate a la corrupción
+ Se fiscalizarán a
servidores públicos estatales y municipales, así como a particulares que
incurran en el mal uso de recursos públicos estatales y municipales
+ “Es un paso
importante el que damos los sudcalifornianos en el combate a la corrupción; se
fortalece en Baja California Sur el Sistema Anticorrupción”: Dip. Guadalupe
Saldaña Cisneros
La Paz, Baja California Sur, a 2 de Julio de 2017.- El Congreso
aprobó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado que
tiene como finalidad fortalecer y ampliar las funciones y facultades de la
instancia de fiscalización en la entidad, dando con esta reforma mayores
facultades para la revisión y fiscalización del uso, manejo y aplicación de los
recursos públicos de origen estatal y municipal; previendo sanciones a
servidores públicos y particulares que incurran en actos de mal uso de recursos
provenientes de las administraciones estatal y municipal en Baja California
Sur.
Este nuevo ordenamiento legal viene a sustituir a la Ley del
Órgano de Fiscalización Superior vigente desde el mes de marzo del año de 2008,
y se encuentra enmarcada dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Con la
entrada en vigor de la nueva normatividad se crea la Auditoría Superior del
Estado que tendrá facultades amplias para investigar, substanciar y promover
ante el recientemente creado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa la
imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves que
detecte por medio de los procesos de fiscalización, “en especial que se deriven
de un daño al erario público en términos de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado”, señala el dictamen correspondiente.
Tras la aprobación de la Ley, la Presidenta de la Comisión de
Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, Diputada Guadalupe Saldaña
Cisneros aseguró que este es un avance importante en el combate a la
corrupción. “Forma parte del paquete de leyes que dan base legal nuestro
Sistema Estatal Anticorrupción, y como Congreso del Estado estamos cumpliendo
con la sociedad sudcaliforniana al poner en sus manos herramientas legales para
combatir actos ilegales con los recursos públicos. Igualmente estamos
cumpliendo como entidad federativa al estructurar nuestro Sistema Estatal en
tiempo y forma, cumpliendo como Baja California Sur en el contexto nacional…”,
puntualizó la legisladora representante del Octavo Distrito Electoral con
cabecera en Cabo San Lucas.
Subrayó la responsable de la Comisión de trabajo legislativo
responsable de elaborar el dictamen, que con esta nueva Ley se marca “un antes
y un después”, en virtud de que habrá procesos de fiscalización a detalle,
sanciones a servidores públicos y particulares, pero también tendremos una
amplia difusión de los alcances de la nueva normatividad, daremos talleres y
cursos sobre su contenido, porque como siempre le estaremos apostando a la
prevención de este tipo de actos.”
Subraya este documento aprobado por la XIV Legislatura que se
amplía el tiempo de tres a siete años para la prescripción de actos de
corrupción y faltas administrativas graves, además de que dota a Lajusticia de
un alcance transexenal. Precisa que la
Auditoría Superior contará en este contexto con plena autonomía para asegurar
la certeza jurídica y para que prevalezca el interés general de los ciudadanos
por encima de presiones, influencias o consideraciones de cualquier tipo.
Con las nuevas facultades legales que se le confiere
Auditoría Superior del Estado, esta institución podrá presentar denuncias y
querellas penales, coadyuvar con la Fiscalía Especializada en combate a la
Corrupción y presentar también denuncias de juicio político ante el Congreso
del Estado que correspondan a los servidores públicos estatales y municipales.
Con la entrada en vigor de la Ley se atiende la queja
reiterada de la sociedad de que una autoridad distinta al gobierno sea la que
investigue y sanciones los actos de corrupción al interior de las mismas
instituciones del Estado, “por lo que se fortalecen las facultades de la
Auditoría Superior, en tanto que la Fiscalía Especializada será la responsable
de sancionar todo tipo de actos irregulares”.
La nueva Ley contempla la inclusión de la Sociedad Civil por
conducto de una Contraloría Social, la cual por medio de la Comisión será la
encargada de recibir peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y
motivadas que podrán ser consideradas por la Auditoría Superior del Estado en
el programa anual de auditorías.
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