La
Paz BCS a 21 de marzo de 2017.- A fin de imponer penas más severa a
funcionarios públicos que roben el dinero de los ciudadanos e impedir que no
toquen prisión, el senador panista Juan Fernández, presenta una iniciativa para
reformar y adicionar el Código Penal y el Código, Nacional de Procedimientos
penales, en materia de enriquecimiento ilícito, así como una modificación
constitucional para hacer posible la operatividad en los otros dos
ordenamientos legales.
“No podemos quedarnos cruzados de brazos ante los múltiples
casos de corrupción en el país. No podemos permitir que delincuentes de cuello
blanco sigan saqueando al pueblo y, con solo pagar una fianza, queden libres;
por eso, presento esta reforma para que el enriquecimiento ilícito sea castigado
con todo el peso de la ley y ningún corrupto se escape por las rendijas de la
ley”, señaló el representante popular de Baja California Sur.
Frecuentemente –prosiguió-, se difunden a través de los
medios de comunicación diversos casos en que servidores públicos de varios
estados de la República como Guerrero, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y en
especial el caso de Veracruz, son acusados de delitos cometidos por servidores
públicos, y en especial por enriquecimiento ilícito.
Por lo anterior, Fernández Sánchez Navarro presentó la
iniciativa de reforma al Código Penal, en su artículo 224, y al Código Nacional
de Procedimientos Penales, en su artículo 167, en materia de enriquecimiento
ilícito.
Tan sólo la sanción de enriquecimiento ilícito actualmente se
establece el monto de 5 mil veces el salario mínimo, es decir $377,450 pesos,
de forma que si el enriquecimiento ilícito no excede dicho monto la sanción
será de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días de multa.
Pero si se excede el monto mencionado, la sanción será de 2 a 14 años de
prisión y de 100 a 150 días de multa.
La propuesta del Senador de Acción Nacional es elevar la pena
a una sanción de 2 a 5 años de prisión y de 100 a 150 días multa cuando no se
exceda el monto establecido y cuando se exceda, la pena será de 5 a 15 años de
prisión y de 150 a 600 días multa.
Y para el caso de enriquecimiento ilícito, su propuesta es
que el enriquecimiento ilícito debe ser incluido en el listado de delitos que
ameritan prisión preventiva oficiosa, entre los que se encuentran el homicidio
doloso, el genocidio, la violación, tráfico de menores, entre otros.
“México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de
impunidad que mide el Índice Global de Impunidad (IGI). La impunidad es uno de los
diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana según encuestas
nacionales del INEGI”, abundó Juan Fernández.
En ese sentido, el Senador
de BCS añadió que de acuerdo con el Estudio de la OCDE sobre integridad
en México, la corrupción es uno de los culpables de la caída de la
productividad y la competitividad, la desigualdad persistente, e incluso, de la
seguridad regional, además de que el informe del Índice de Competitividad 2015,
del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estima que el costo de la
corrupción para la economía nacional representa hasta un 5% del PIB.
“Desafortunadamente prevalece la impunidad, pues resulta
común que los acusados por estos delitos fácilmente se sustraigan de la
justicia desapareciendo del país para evitar la pena correspondiente para el
delito cometido, o que a través de argucias legales logren evadir sus
responsabilidades, situación que causa altos niveles de inconformidad en la
población lo que a su vez aumenta la desconfianza y el repudio de los
ciudadanos hacia los malos representantes y eleva las percepciones de la
corrupción que afecta o a nuestro país”, concluyó Juan Fernández.
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